Michael Parenti
Sin permiso, 03/06/2007
[Michael Parenti murió el pasado 24 de enero a los 92 años. Rest in power, comrade.]
Las corporaciones transnacionales tienen como objetivo convertirse en verdaderamente transnacionales, por encima del poder soberano de cualquier nación y siendo servidas al mismo tiempo por los poderes soberanos de todas las naciones. Podemos pensar que Cyril Siewert, director financiero de la compañía Colgate Palmolive, hablaba en nombre de todas las compañías transnacionales cuando comentaba: “Los Estados Unidos no tienen línea directa con los recursos de nuestra corporación. No hay razón de que este país tenga la prioridad” (1). A través de acuerdos internacionales de “libre comercio” como el NAFTA, el GATT y el FTAA, las gigantes transnacionales se han elevado por encima de los poderes soberanos de los estados. Estos acuerdos dotan a anónimos comités de comercio internacional de la autoridad para prevenir, invalidar o eliminar cualquier ley de cualquier nación que pudiera poner en peligro las inversiones y las prerrogativas de mercado de las corporaciones transnacionales. Estos comités de comercio–de los que la Organización Mundial del Comercio (OMC) es el ejemplo tipo- establecen grupos de “especialistas en comercio” que actúan como jueces en asuntos económicos, situándose ellos mismos más allá del control popular de cualquier nación, asegurando así la supremacía del capital financiero internacional. Este proceso, llamado globalización, se considera como un desarrollo de “crecimiento” natural inevitable y beneficioso para todos. Es en realidad un golpe de estado global por parte de los gigantes mundiales de los negocios.
Venidos del mundo de las grandes corporaciones y sin que hayan sido elegidos por nadie, estos especialistas se reúnen en secreto y tienen a menudo intereses inversores en los mismos negocios que ellos proponen. Estas sospechosas convergencias de intereses no están controladas por ningún protocolo. Ninguna de las quinientas páginas de reglas y restricciones del GATT está dirigida contra las corporaciones privadas; son todas contra los gobiernos. Los gobiernos firmantes de este acuerdo deben bajar las tarifas, acabar con los subsidios agrícolas, tratar de la misma manera a las compañías extranjeras que a las nacionales, cumplir con las reglas de las patentes establecidas por las corporaciones y obedecer el reglamento de una burocracia de elite permanente, la OMC. Si un país se niega a cambiar sus leyes cuando un especialista de la OMC así lo dicta, la OMC puede imponer multas o sanciones a nivel del mercado internacional, privando así al país de mercados y materiales que necesita (2).
La OMC, actuando como juez supremo global, ha echado abajo leyes consideradas como “barreras al libre mercado”. Ha forzado a Japón a aceptar una tasa mayor de residuos de pesticidas en la comida importada. Ha prohibido a Guatemala proscribir publicidad engañosa de comida de bebés. Ha eliminado la prohibición de asbesto en varios países, así como las leyes para el ahorro de carburante y para los estándares de emisiones en los vehículos. Se ha posicionado contra las leyes de protección de la vida marina y contra la prohibición de productos hechos a partir de especies amenazadas. La prohibición de la Unión Europea de importar carne norteamericana alimentada con hormonas contaba con un apoyo popular arrollador en toda Europa, pero un grupo de tres especialistas de la OMC decidió que esta prohibición era ilegal. Esta decisión puso en peligro multitud de regulaciones sobre la importación, basadas en consideraciones de salud. La OMC eliminó parte del U.S. Clean Air Act (Ley de Aire Limpio de EEUU) que prohibía ciertos aditivos de la gasolina, puesto que esa prohibición interfería con las importaciones de refinerías extranjeras. Así mismo, la OMC eliminó la parte del U.S. Endangered Species Act (Ley de Protección de Especies Amenazadas de EEUU), que prohibía la importación de gambas pescadas con redes que no protegían a las tortugas marinas (3).
El comercio libre no es un comercio justo; beneficia a los países fuertes a expensas de los débiles, y a los intereses de los ricos a expensas del resto de nosotros. La globalización significa un paso atrás en muchas de las reformas del siglo XX: ninguna libertad para boicotear productos, ninguna prohibición del trabajo infantil, ninguna garantía de salario mínimo o de ahorro, ningún servicio público que pueda competir razonablemente con los servicios privados, ninguna protección sanitaria que pueda menguar los beneficios de las corporaciones (4).
El GATT y los acuerdos posteriores de libre comercio permiten a las multinacionales imponer derechos de propiedad monopolísticos a la agricultura indígena y comunal. De ese modo, las grandes corporaciones agrícolas pueden penetrar mejor en las comunidades locales y autosuficientes y monopolizar sus productos. Ralph Nader da el ejemplo del árbol del neem, cuyos extractos contienen pesticidas naturales y tienen propiedades medicinales. Cultivado en la India durante siglos, este árbol atrajo la atención de varias compañías farmacéuticas, que se hicieron con el monopolio de las correspondientes patentes causando protestas masivas de los agricultores indios. La OMC dictaminó que las farmacéuticas tienen ahora el control exclusivo de la comercialización de los productos de este árbol, una decisión que está siendo puesta en práctica en la India. Decenas de miles de agricultores antes independientes tienen ahora que trabajar para las poderosas farmacéuticas en términos establecidos por ellas y con el único fin de aumentar sus beneficios.
Un acuerdo comercial entre la India y los Estados Unidos, la Iniciativa por el Conocimiento en la Agricultura (KIO, en sus iniciales inglesas), apoyado por Monsanto y otros gigantes transnacionales, permite a Monsanto controlar el sector de las semillas en la India, mientras que el sector del comercio se le entrega a Archer Daniels Midland and Cargill, y el sector de ventas a Wal-Mart (Wal-Mart anunció planes para abrir 500 tiendas en la India a partir de agosto de 2007). Esto es en realidad una guerra contra los campesinos independientes y las pequeñas empresas de la India, así como una amenaza para la seguridad de la comida india. Los agricultores están organizándose para protegerse contra esta invasión económica, manteniendo los bancos de semillas tradicionales y estableciendo sistemas de apoyo mutuo en el campo. Como dice un agricultor, “no compramos semillas en el mercado porque sospechamos que están contaminadas con semillas manipuladas genéticamente” (5).
De manera similar, la OMC decretó que la corporación norteamericana RiceTec tiene la patente de todas las diversas variantes del arroz basmati, cultivado durante siglos por los campesinos de la India. También decretó que una corporación japonesa tiene los derechos exclusivos en el mundo para cultivar y producir polvo de curry. Estos ejemplos demuestran que el así llamado “mercado libre” se reduce al control monopolístico por parte de las corporaciones internacionales. Estos desarrollos llevaron al primer ministro de Malasia, Mahathir Mamad, a observar que “estamos ahora en una situación en la que el robo de recursos genéticos por parte de las corporaciones occidentales de biotecnología les permite obtener enormes beneficios al producir mutaciones genéticas patentadas de estos mismos materiales. ¿A qué abismos hemos caído en el mercado global cuando los regalos que le da la naturaleza a los pobres no están protegidos y al mismo tiempo las modificaciones que de ellos hacen los ricos se convierten en propiedad exclusiva? La globalización significa simplemente la disolución de las barreras entre los países para que aquellos que tienen capital y mercancías puedan dominar los mercados” (6).
Con acuerdos como el GATS (Acuerdos Generales sobre Comercio y Servicios) y la FTAA (Área de Libre Comercio de las Américas), los servicios públicos están en peligro. Un servicio público puede ser acusado de provocar la “pérdida de una oportunidad de mercado” para empresas privadas, o de crear un subsidio injusto. Un ejemplo: el programa de seguro automovilístico propuesto por la provincia de Ontario, Canadá, fue declarado “competencia desleal”. Ontario podría tener su compañía pública de seguros de coche tan sólo si pagase a las compañías de seguros de EEUU las pérdidas estimadas en ventas presentes y futuras – un coste prohibitivo para la provincia. De esa manera, a los ciudadanos de Ontario no se les permitió ejercer su derecho democrático y soberano de instituir una alternativa sin ánimo de lucro al sistema de seguro de coches. En otro ejemplo, la compañía de envíos postales de EEUU, UPS (United Postal Service), acusó a la compañía pública de Correos canadiense de “oportunidad de mercado perdida”, lo cual quiere decir que los Correos canadienses tienen que compensar a la UPS por todas las transacciones que según ésta podría tener si no hubiese un servicio público de correos. El sindicato de trabajadores de Correos canadiense ha recurrido este acuerdo en los tribunales, argumentando que viola la constitución canadiense.
Con NAFTA, la corporación Ethyl, con base en EEUU, demandó al gobierno canadiense por 250 millones de dólares en concepto de “oportunidades de mercado perdidas” e “interferencia con el comercio” porque Canadá prohibió el MMT, un aditivo de la gasolina producido por Ethyl considerado cancerígeno por el gobierno de Canadá. Ante la posibilidad de perder el caso, el gobierno de Canadá se rindió, aceptó que el MMT siguiese en circulación, pagó 10 millones de dólares a Ethyl, y emitió un comunicado público en el que se declaraba al MMT “seguro”, a pesar de tener evidencia científica de lo contrario. California prohibió también el peligroso aditivo, y esta vez una compañía Ethyl con base en Canadá demandó a California amparándose en NAFTA por poner obstáculos injustos al mercado libre (7).
Los acuerdos internacionales de comercio como GATT y NAFTA han acelerado la adquisición de mercados locales por parte de las corporaciones, expulsando de los mismos a compañías más pequeñas y a colectivos de trabajadores. Con el NAFTA, desaparecieron los trabajos relativamente mejor pagados en EEUU cuando las compañías cerraron fábricas y subcontrataron en el mercado mexicano, más barato. Al mismo tiempo, miles de pequeñas compañías mexicanas se vieron forzadas a cerrar. México fue invadido por maíz barato de alta tecnología producido a gran escala, así como de productos lácteos provenientes de grandes compañías agroalimentarias norteamericanas (subvencionadas por el gobierno norteamericano), lo que provocó la bancarrota de pequeños agricultores y distribuidores mexicanos y afectó a muchos campesinos pobres. La llegada a México de compañías norteamericanas tiene como consecuencia la aparición de trabajos extremadamente mal pagados y de condiciones de trabajo inseguras. En general, el mercado libre ha traído consigo un enorme incremento de la pobreza al sur de la frontera (8).
Se nos pide a los norteamericanos que nos mantengamos competitivos en la nueva era de la globalización, que aumentemos la producción al mismo tiempo que se reducen los costos de trabajo y de producción. En otras palabras, trabajar más por menos. Esto es de hecho lo que está sucediendo, con el aumento de hasta el 20% de la semana laboral (de 40 a 46 y hasta 48 horas) y los salarios se han congelado o bajado durante el mandato de George W. Bush. Se gasta cada vez menos en servicios sociales y sufrimos cada vez más disminuciones salariales, reestructuraciones, desregulación y privatizaciones. Sólo gracias a tales “ajustes”, se nos dice, podremos enfrentarnos a las fuerzas impersonales de la globalización que nos amenazan.
En realidad, estas fuerzas no tienen nada de impersonal. Los acuerdos de libre comercio, incluyendo aquellos que aún no han sido aprobados por el congreso norteamericano, han sido planeados conscientemente durante años por grandes empresas y por sus gobiernos subalternos para conseguir una economía mundial desregulada que mine cualquier control democrático de sus prácticas. Ahora es cada vez más difícil que la población de cualquier provincia, estado o país consiga que su gobierno imponga normas de protección o que desarrolle nuevas formas de producción públicas, por miedo a que algún especialista del libre mercado se las prohíba.
Lo que sucede habitualmente es que los grandes países piden a los pequeños y más pobres que abandonen las protecciones y las subvenciones a sus productos locales. Pero a veces las cosas ocurren de otro modo. A finales de 2006, Canadá lanzó una batalla contra la OMC por el uso de las subvenciones agrícolas por parte de los EEUU que “deformaban el mercado”, en concreto las enormes sumas que el gobierno federal daba a los agricultores de maíz. Este caso amenazaba también toda la multimillonaria estructura de las subvenciones agrícolas de los EEUU. Esto sucedió tras el histórico decreto de la OMC de 2005, que condenaba la ayuda a los cultivadores estadounidenses del algodón por “distorsión comercial”. Un informe de Oxfam International revelaba que este tipo de subvenciones de los EEUU y la Unión Europea afectaba al menos a 38 países desarrollados. Al mismo tiempo, el gobierno de los EEUU trataba de añadir una cláusula especial en las negociaciones mercantiles que haría que sus subsidios agrícolas ilegales quedasen al margen de las leyes de los países miembros de la OMC, haciéndolas inmunes a cualquier reglamento de la propia OMC (9).
Lo que raramente se comenta es que el NAFTA y el GATT violan la Constitución de los EEUU, cuyo preámbulo deja claro que el pueblo es quien tiene el poder soberano: “Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos... establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América”. El Artículo I, Sección 1 de la Constitución dice: “Todos los poderes legislativos aquí contemplados deben ser representados por el congreso de los Estados Unidos”. El Artículo I, Sección 7 da al presidente (y no a un consejo de comercio) el poder de vetar leyes, a no ser que dos tercios del Congreso se posicionen en contra. Y el Artículo III da plenos poderes judiciales a la Corte Suprema y otras cortes federales siguiendo las leyes establecidas en el Congreso. La Décima Enmienda a la Constitución añade que “los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, y que esta no prohíbe a los Estados, se reservan a los Estados y, respectivamente, al pueblo”. No hay nada en toda la Constitución que le permita a un grupo de expertos en comercio internacional ser el árbitro final en un proceso jurídico y minar así las decisiones constitucionalmente legítimas de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
Es cierto que el artículo VII dice que la Constitución, las leyes federales y los tratados “serán la ley suprema en el territorio norteamericano”, pero ciertamente no se pretende con esto incluir tratados que subordinen las propias leyes y los poderes democráticos soberanos del pueblo y sus representantes.
Para excluir al Senado de las deliberaciones, se les llamó a NAFTA y GATT “acuerdos” en lugar de tratados, un truco semántico que permitió al presidente Clinton saltarse el voto de ratificación en el Senado (que exige al menos un apoyo de los dos tercios de la cámara) y cualquier proceso de enmienda. La OMC fue aprobada por una sesión del Congreso al final de la legislatura, después incluso de las elecciones de 1994. Ninguno de los candidatos en esas elecciones advirtió a los votantes que se iba a obligar al gobierno norteamericano a que las leyes nacionales no interfiriesen con las reglas del comercio libre internacional.
Lo que se está minando no es sólo un montón de leyes justas referidas al medio ambiente, los servicios públicos, los estándares laborales y la protección del consumidor, sino el derecho mismo a legislar estas leyes. La propia soberanía democrática se está rindiendo a una organización de comercio plutocrática y poco transparente, que pretende ejercer un poder mayor que el del pueblo, sus cortes y sus legislaturas. Lo que tenemos aquí es un golpe de estado por parte del gran capital contra las naciones del mundo.
La globalización es una extensión lógica del imperialismo, una victoria del imperio sobre la república, del capital financiero internacional sobre la productividad local y la democracia del estado-nación tal y como la conocemos. Sin embargo, últimamente, y debido a las protestas populares, se han paralizado o anulado varios acuerdos multilaterales de comercio. En 1999 hubo protestas militantes contra el comercio libre en cuarenta y un países, desde Gran Bretaña y Francia hasta Tailandia e India (10). En 2000-01 hubo manifestaciones en Seattle, Washington, Sydney, Praga, Génova y en otras poblaciones. En 2003-04 pudimos ver cómo los países pobres se negaban a renunciar a los pocos restos de soberanía que les quedaban. Junto con la resistencia popular, muchos líderes nacionales lo están pensando dos veces antes de firmar nuevos acuerdos comerciales.
El análisis de la globalización que hacen algunos marxistas (pero no todos) se ha concentrado en la cuestión de si la nueva “internacionalización” del capital va a minar la soberanía nacional y el estado-nación. Olvidan en este análisis cosas como los acuerdos de libre comercio y la OMC. Invariablemente, estos analistas (como por ejemplo Ellen Wood y William Taab en la Monthly Review, Ian Jasper en Nature, Society and Thought, Erwin Marquit en Political Affairs) deducen que el estado-nación juega todavía un papel crucial en el imperialismo capitalista, que el capital, aunque global en su alcance, no es internacional sino que está ligado a determinadas naciones, y que la globalización es poco más que un nuevo nombre para las inversiones extranjeras del capital monopolista.
Nos recuerdan repetidamente que Marx ya había descrito la globalización, en tanto que proceso de expansión financiera internacional, en 1848. En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels hablan de un capitalismo que se mueve por todo el mundo, modificando la realidad a su imagen y semejanza, así que no se trata de nada nuevo. La globalización, concluyen estos analistas, no es un desarrollo reciente. Es un fenómeno de larga duración descubierto por la teoría marxista hace mucho.
El problema de este análisis es que pierde de vista el punto central de las luchas actuales. Lo que está en juego no es la soberanía nacional, sino la soberanía democrática. Millones de personas en todo el mundo han salido a protestar a la calle para oponerse a los tratados de libre comercio. Entre ellos hay campesinos, trabajadores, estudiantes e intelectuales (incluyendo a algunos marxistas que ven las cosas con más claridad que los que acabamos de mencionar). Todos ellos se dan cuenta de que algo nuevo está pasando y no quieren que sea de esta manera. El término globalización significa un nuevo estadio de la expropiación internacional, diseñado no sólo para terminar con el estado-nación, sino también para minar todos los derechos democráticos existentes que protegen los salarios dignos y restringen el poder de las corporaciones.
En efecto, los acuerdos de libre comercio convierten en ilegales todos los estatutos y regulaciones que le ponen trabas al capital privado. Cuando esta tendencia llegue a su culminación, desaparecerán todas las protecciones democráticas, que por muy imperfectas que sean son el resultado muchas generaciones de lucha popular. Con estos acuerdos, todos y cada uno de los servicios públicos pueden desaparecer por producir “oportunidades de mercado perdidas” para el capital privado. Los hospitales públicos pueden ser acusados de robarles mercados a las empresas privadas, así como los servicios públicos de agua, educación, bibliotecas, vivienda, transporte, correo y seguros. Leyes que intentan proteger el medio ambiente, los estándares laborales o la salud del consumidor han sucumbido por crear barreras para el libre comercio.
Lo que también sucumbe es el derecho a tener esas leyes. Este es el aspecto más importante, y asimismo el que más frecuentemente se olvida, y eso en todas las gamas del espectro político. Con los acuerdos del libre comercio los derechos de propiedad han adquirido supremacía internacional y se anteponen a cualesquiera otros derechos, incluyendo el derecho a vivir en un medio ambiente sin contaminación, el derecho a servicios públicos accesibles, y el derecho al pedazo más minúsculo de democracia económica. En su lugar, un derecho ha adquirido un estatuto absoluto: el derecho de las corporaciones a obtener beneficios. Este derecho se ha utilizado para ahogar la voz de los trabajadores y de su derecho a desarrollar un servicio público de acuerdo con sus intereses. La libertad de opinión también está en el punto de mira, como por ejemplo cuando la crítica a un producto se convierte en una interferencia con el libre comercio. Y la propia naturaleza está siendo monopolizada y privatizada por corporaciones transnacionales.
Por lo tanto, la lucha contra el libre comercio es una lucha por la democracia político-económica, por los servicios públicos y los salarios dignos, por el derecho a no estar completamente a merced del gran capital. Es una nueva y drástica fase de la lucha de clases que algunos marxistas –inmersos como están en la teoría clásica y desinformados sobre las actuales políticas públicas- parecen no haber comprendido. La globalización, tal y como se encarna en los acuerdos de libre comercio, tiene poco que ver con el comercio y es cualquier cosa menos libre. Beneficia a los países ricos a expensas de los pobres, y a las clases privilegiadas de todo el mundo a expensa de los ciudadanos de a pie. Es el nuevo espectro que recorre el mismo mundo.
NOTAS:
1 Citado en el New York Times, 21 de mayo de 1989.
2 Véase Lori Wallach y Michelle Sforza, The WTO (New York: Seven Stories Press, 2000); y John R. MacArthur, The Selling of Free Trade: Nafta, Washington, and the Subversion of American Democracy (New York: Hill and Wang, 2000).
3 New York Times, 30 de abril de 1996 y 9 de mayo de 1997;Washington Post, 13 de octubre de 1998.
4 Véase el informe del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas al que hace referencia el New York Times, 13 de julio de 1999.
5 Project Censored, Real News, Abril de 2007; también Arun Shrivastava, Genetically Modified Seeds: Women in India take on Monsanto”, Global Research, 9 de octubre de 2006.
6 Citado en People’s Weekly World, 7 de diciembre de 1996.
7 John R. MacArthur, The Selling of Free Trade: NAFTA, Washington, and the Subversion of American Democracy (New York: Hill & Wang, 2000; y Sarah Anderson y John Cavanagh, Naftas Unhappy Anniversary, New York Times, 7 de febrero de 1995.
8 John Ross, Tortilla Wars, Progressive, Junio de 1999.
9 US seeks get-out clause for illegal farm payments Oxfam, 29 de junio de 2006
10 San Francisco Chronicle, 19 de junio de 1999.
